Naciones Unidas informó hace ya una decada de que, según sus estimaciones y a nivel mundial, en julio de 2007 la población urbana había sobrepasado a la rural. Además prevé que esta tendencia continúe en los próximos años, que en el año 2050 casi el 70% de la población mundial viva en ciudades, y que aumente en todo el planeta el número de ciudades con más de 10 millones de habitantes.
La lista de los servicios que las ciudades deben prestar al cuidadano es larga. En España, y según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392), podemos ver que las competencias de los ayuntamientos incluyen entre otras las siguientes:
Por otra parte, y dependiendo de la población del municipio, se deberán prestar, en todo caso, los siguientes servicios:
Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Además de los servicios a prestar en todos los casos: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
Además de los anteriores: protección civil, situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas públicas.
Además de los mencionados en poblaciones con más de 20.000 habitantes: transporte colectivo urbano de viajeros, y medio ambiente urbano.
Al margen de estos servicios preceptivos, los ayuntamientos tienen que abordar con frecuencia la prestación de servicios adicionales, lo que hace que su gestión sea compleja y costosa. Por ello, se estima que, en el conjunto de los municipios españoles, alrededor del 30% del gasto va dedicado a financiar competencias no obligatorias (también llamados 'servicios impropios'). Las competencias de seguridad, protección civil, protección social y cultura son las que más recursos absorben en esta línea.
Al tiempo que son reconocidas por la mencionada Ley las competencias municipales en las diversas materias, en su texto se recalca en múltiples ocasiones la necesidad de evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Las nuevas tecnologías, y en particular las derivadas del mundo de la Internet de las Cosas (IoT) ofrecen hoy en día los mecanismos idóneos para garantizar estos principios.

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